SANTO DOMINGO.– La nueva fase de la investigación conocida como Operación Cobra 2.0-A, relacionada con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ha colocado bajo atención a exempleados y personal vinculado a áreas sensibles del sistema, entre ellas Autorizaciones Médicas, así como a médicos y otros prestadores de servicios de salud. El Ministerio Público informó que durante esta etapa fueron arrestadas 28 personas en 37 allanamientos realizados en distintos puntos del país.
Uno de los nombres que aparece en registros públicos de SeNaSa es Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova. Nóminas institucionales lo ubican en 2019 como auxiliar de autorizaciones de la Gerencia de Servicios de Salud y, años después, registros de nómina lo muestran como supervisor del Departamento de Autorizaciones Médicas.
Este dato cobra relevancia porque, según documentos judiciales citados por medios nacionales, una de las líneas investigadas consiste en la tramitación de autorizaciones correspondientes a consultas y procedimientos que, de acuerdo con el Ministerio Público, algunos afiliados no habrían solicitado ni recibido. La investigación identifica más de 4,300 autorizaciones por un monto superior a RD$41 millones.
De acuerdo con esa versión del expediente, una vez SeNaSa realizaba los pagos por determinados servicios, parte de los recursos habría sido entregada posteriormente a integrantes de la estructura investigada. El Ministerio Público sostiene que algunos médicos habrían entregado entre 40 % y 60 % de lo cobrado, en efectivo o mediante transferencias. Se trata de señalamientos que deberán ser probados ante los tribunales.
Médicos también figuran en la investigación
Entre los profesionales cuyos nombres han trascendido públicamente figuran Adriano Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Eulalia Fiordaliza Castro López, Laura Altagracia Santana Evangelista, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, entre otros mencionados en documentación y reportes periodísticos relacionados con el proceso.
El abogado Jorge Contreras, quien representa a siete médicos vinculados al caso, declaró que sus defendidos son principalmente cirujanos ortopedas y que la acusación que conocen hasta ahora se relaciona con presuntas facturaciones por servicios que no habrían sido realizados. También indicó que algunos pertenecen al Servicio Nacional de Salud.
Contreras reveló además que ejecutivos de dos cadenas de farmacias figuran entre las personas vinculadas a esta fase de la investigación, aunque hasta el momento no se han divulgado oficialmente los nombres de esas empresas ni de sus ejecutivos.
InfoENN continuará verificando los lugares de trabajo, consultorios y vínculos empresariales de cada persona mencionada, evitando atribuir responsabilidades que todavía no hayan sido establecidas judicialmente.
