Por Junior Henríquez
Un reportaje de N Digital cuestionó la adjudicación de contratos por aproximadamente RD$110 millones otorgados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) a empresas recién creadas y dirigidas por jóvenes de entre 19 y 24 años, residentes en Azua, para suministrar almuerzos escolares en San Pedro de Macorís.
Según el reportaje, Beltrán Beltre, SRL fue constituida el 22 de mayo de 2025 y seis meses después obtuvo un contrato por RD$48 millones. Sus socias serían las hermanas Nayelli Carolina y Luisa Margarita Beltrán, de 24 y 23 años, quienes figuran como estudiantes en sus documentos de identidad y, conforme a la investigación, no poseen historial crediticio.
También se señala que Franniel Ramírez Beltrán, de 24 años, recibió un contrato superior a RD$24 millones sin que se identificara un perfil financiero que respaldara esa capacidad operativa. Otro contrato por RD$38 millones habría sido adjudicado a una empresa de Caroline Michelle Díaz Beltré, de 19 años, constituida en julio de 2025.
Estos datos justifican una investigación. La creación reciente de las empresas, la aparente falta de experiencia, la ausencia de historial crediticio y el monto de los contratos obligan al INABIE a explicar cómo comprobó la capacidad financiera, técnica y operativa de los proveedores.
Sin embargo, ni la juventud ni el hecho de residir en Azua constituyen pruebas de corrupción o ineptitud. La pregunta no debe ser cómo unos jóvenes de una provincia pobre pudieron ganar contratos millonarios, sino si cumplieron todas las condiciones establecidas en el pliego y si fueron evaluados con los mismos criterios aplicados a los demás oferentes.
El INABIE debe informar si estas empresas poseen cocinas instaladas cerca de los centros educativos, equipos, personal, condiciones sanitarias, capital de trabajo y capacidad logística para preparar y distribuir miles de raciones. También debe explicar qué documentos financieros presentaron, cómo financiarán sus operaciones y si las instalaciones fueron inspeccionadas antes de las adjudicaciones.
Ser estudiante tampoco incapacita a una persona para emprender. No tener historial de crédito puede representar un riesgo que debe evaluarse, pero no demuestra automáticamente que exista corrupción. Para formular una acusación se necesitan pruebas de favoritismo, documentos falsos, conflicto de intereses, incumplimiento del pliego o manipulación de las evaluaciones.
Los contratos públicos deben investigarse con rigor, independientemente de quién resulte beneficiado. Pero la fiscalización tiene que concentrarse en los documentos, la capacidad y el cumplimiento, no en convertir la edad o la procedencia provincial en señales automáticas de culpabilidad.
Los jóvenes de Azua tienen derecho a competir y progresar. El INABIE, por su parte, tiene la obligación de demostrar que cada peso adjudicado está respaldado por proveedores capaces de garantizar una alimentación segura y puntual para los estudiantes.
