SANTO DOMINGO.- Con el recuerdo latente de 236 vidas perdidas y 180 personas heridas, el caso Jet Set entra este viernes en una etapa decisiva con el inicio del juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario.
El juicio está pautado para iniciar al cumplirse exactamente un año, cuatro meses y 20 días del desplome del techo de la discoteca, la tragedia más dolorosa que ha golpeado a la República Dominicana en toda su historia.
La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional fijó para las 9:00 de la mañana el conocimiento del juicio, que estará a cargo del juez Franny González Castillo y se desarrollará en el salón 301, ubicado en el tercer piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El proceso llega a esta etapa luego de que el juez Raymundo Mejía Ortiz, del Primer Tribunal de la Instrucción de la mencionada jurisdicción, dictara auto de apertura a juicio contra los Espaillat, al acoger la acusación presentada por el Ministerio Público.
El derrumbe ocurrió la noche del 8 de abril de 2025, mientras se celebraba un concierto del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien también murió en el colapso.
La colapsó sorprendió a cientos de personas que se encontraban en el establecimiento ubicado en la avenida Independencia, en el sector El Portal, del Distrito Nacional.
Entre las víctimas se encontraban personas vinculadas al entretenimiento, el deporte y distintos sectores de la sociedad dominicana, convirtiendo el hecho en una tragedia de gran impacto nacional.
Homicidio involuntario
Los hermanos Espaillat fueron enviados a juicio bajo la acusación de homicidio involuntario, conforme a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
Durante la audiencia preliminar, el juez rechazó la calificación de homicidio voluntario, al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar que los acusados hubieran tenido intención de matar.
De esta manera, el debate que comienza este viernes estará centrado en determinar, a partir de las pruebas que serán presentadas, si los imputados incurrieron en las conductas que les atribuye el Ministerio Público y cuál sería su responsabilidad penal.
El Ministerio Público busca la pena máxima
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la decisión de enviar a juicio a los hermanos Espaillat se ajusta al Derecho.
Camacho sostuvo que la acusación fue acogida por el tribunal y destacó que 42 de los 54 querellantes se adhirieron a la acusación del órgano acusador.
En ese sentido, adelantó que durante el juicio los fiscales buscarán que a los procesados se les imponga la pena máxima que permita la ley.
El Ministerio Público sostiene que sus investigaciones determinaron que el colapso estuvo relacionado con negligencia e imprudencia de los acusados.
Para sustentar su posición, la Fiscalía presentó diferentes elementos probatorios, entre ellos pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, además de un peritaje en el que participó un experto internacional.
Camacho también afirmó que el peritaje presentado por la defensa de los imputados, encabezada por los juristas Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, no representa una preocupación, debido a que, según explicó, también reconoce la existencia de negligencia e imprudencia.
Con el inicio del juicio de fondo comienza ahora una nueva etapa: la valoración de las pruebas por parte del tribunal.
La Fiscalía tendrá que demostrar durante el proceso los hechos que atribuye a los acusados y la defensa controvertir esas imputaciones y presentar sus propios argumentos y elementos probatorios.
El caso trasciende la discusión estrictamente penal. También existe una dimensión civil relacionada con las víctimas y sus familiares, quienes buscan reparación por los daños ocasionados por la tragedia.
El juez de la instrucción mantuvo las medidas de coerción contra los procesados, consistentes en garantía económica de RD$50 millones para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Asimismo, fue ordenado un embargo conservatorio e inscripción de hipoteca judicial por RD$500 millones, además de medidas sobre determinados activos y valores vinculados a sociedades relacionadas con los procesados y terceros civilmente demandados.
Los terceros civilmente demandados
En el proceso también figuran como terceros civilmente demandados las sociedades Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-02, S. A., además de Evelyn Espaillat y Ana Grecia López.
Todas forman parte de la dimensión civil del proceso, en la que se procura determinar las consecuencias económicas derivadas de los daños provocados por el desplome.
El desafío para el juez Franny González Castillo será establecer, con base en las pruebas que sean presentadas, si los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat en la acusación quedaron demostrados y cuál es la responsabilidad que corresponde a cada uno de los procesados o, por el contrario, si procede su absolución.
