Diez meses después del tiroteo ocurrido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que dejó un agente de seguridad muerto y otro herido, la justicia dominicana ordenó finalmente la apertura a juicio contra el estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galván, mientras persiste un cuestionamiento de la familia de la víctima: por qué la universidad no se habría constituido como actor civil en el proceso.
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, dictó este miércoles 19 de agosto el auto de apertura a juicio contra Jiménez Galván, acusado por el Ministerio Público de homicidio, tentativa de homicidio, premeditación y acechanza.
La decisión marca el cierre de la etapa preliminar y abre paso al juicio de fondo, luego de que la magistrada considerara que existen elementos de prueba suficientes para que las acusaciones sean discutidas ante un tribunal colegiado.
El acusado, quien permanece en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, también vio ratificada su medida de coerción.
Ahora, el expediente deberá ser remitido a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que tendrá a su cargo apoderar al tribunal colegiado que conocerá el juicio.
DIEZ MESES DE ESPERA
El nuevo capítulo judicial llega casi diez meses después de los hechos que conmocionaron a la comunidad universitaria.
El incidente ocurrió el 16 de octubre de 2025 en el campus de la UASD y terminó con dos miembros de la seguridad heridos. Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña murió dos días después, el 18 de octubre, mientras recibía atención médica en una unidad de cuidados intensivos.
Encarnación Peña había cumplido 35 años el 5 de octubre y llevaba años vinculado a las labores de seguridad de la universidad.
El otro seguridad, Juan Manuel Méndez, resultó herido durante el tiroteo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
La investigación atribuye el ataque a Jiménez Galván, de 35 años, quien fue detenido poco después del incidente con la colaboración de empleados universitarios.
De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción, el conflicto se habría originado un día antes, cuando el estudiante tuvo un altercado con personal de seguridad luego de permanecer con su vehículo en una zona oscura y restringida del campus.
La versión presentada por la universidad en ese momento establecía que sus documentos habían sido retenidos y que el joven regresó al día siguiente para recuperarlos. Según el Ministerio Público, posteriormente se produjo una confrontación con miembros de seguridad y se realizaron los disparos que alcanzaron a Encarnación Peña y Méndez.
LA PREGUNTA QUE PLANTEA LA FAMILIA
Mientras el proceso penal avanza, Gerome Peña, hermano de la víctima, ha colocado el foco en otro aspecto del caso: la participación institucional de la UASD.
En un video difundido en Instagram, Peña cuestionó que, según afirma, la universidad no haya presentado una querella contra el imputado ni asumido formalmente la condición de actor civil para reclamar las consecuencias derivadas del hecho.
Su planteamiento parte de una interrogante: si el crimen ocurrió dentro del recinto universitario y la víctima era integrante del personal de seguridad, ¿por qué la institución no habría asumido una participación más activa en el proceso?
“¿Dónde está la UASD?”, preguntó el familiar, al considerar que su hermano había dedicado 15 años de servicio a la institución.
La denuncia adquiere relevancia ahora que el expediente ha superado la fase preliminar y se encamina al juicio de fondo. La apertura a juicio no resuelve la acusación ni determina responsabilidad penal, pero sí establece que el caso cuenta con elementos que deberán ser debatidos públicamente ante un tribunal.
UN PROCESO QUE TODAVÍA TIENE PREGUNTAS ABIERTAS
La familia también ha expresado inquietudes sobre la participación del otro agente herido, Juan Manuel Méndez, en una de las audiencias preliminares.
Peña relató que Méndez acudió al Palacio de Justicia para una audiencia celebrada el 6 de agosto, pero que se retiró antes de que esta comenzara. El familiar dijo desconocer las razones de su salida y reclamó explicaciones sobre el curso del proceso.
La audiencia fue posteriormente fijada para el 19 de agosto, fecha en la que la jueza Rivas decidió enviar el caso a juicio.
El expediente entra ahora en una etapa distinta. Los testimonios, peritajes y demás elementos de prueba que sostienen la acusación deberán ser examinados por el tribunal de fondo, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertirlos.
Jiménez Galván, por su parte, había proclamado su inocencia tras ser detenido. Mientras era trasladado para conocer la medida de coerción, afirmó: “Yo confío en la justicia, yo soy una víctima”.
La justicia tendrá ahora que determinar, en el juicio, qué ocurrió aquella tarde de octubre, cuál fue la responsabilidad del imputado y si las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para sustentar una condena.
Pero, paralelamente al proceso penal, queda planteada otra discusión: el papel que ha desempeñado la UASD en un caso ocurrido dentro de sus instalaciones y que terminó con la muerte de uno de sus agentes de seguridad.
