Santo Domingo.– Una investigación desarrollada por autoridades chilenas ha colocado bajo la lupa al abogado dominicano Julián Rafael Guzmán Mejía, de 41 años, por su presunta participación en una organización criminal transnacional dedicada al traslado irregular de niños y adolescentes haitianos hacia Chile, utilizando a República Dominicana como punto de tránsito.
De acuerdo con informaciones atribuidas a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de Chile, la estructura presuntamente se aprovechaba de familias haitianas separadas que buscaban reunificarse, a quienes habría cobrado entre US$3,200 y US$4,500 por cada menor trasladado.
Las investigaciones, que llevaron a la imputación de dos supuestos líderes de la organización en junio de 2025, señalan que Guzmán Mejía habría desempeñado un papel importante en el tramo correspondiente a República Dominicana.
Según la acusación de las autoridades chilenas, el abogado presuntamente coordinaba el ingreso de menores desde Haití hacia territorio dominicano a través de puntos no habilitados oficialmente, con el propósito de evadir los controles migratorios. Posteriormente, habría figurado como adulto responsable de los menores durante parte del trayecto.
En las pesquisas también aparece mencionado el dominicano Juan Doñé Lorenzo, quien presuntamente colaboraba con el traslado de los menores desde los puntos de ingreso a República Dominicana hasta el aeropuerto para continuar el viaje.
Más de US$900,000 bajo investigación
Las autoridades chilenas estiman que la presunta estructura habría generado más de US$900,000 desde 2024 mediante estas operaciones.
La investigación también señala que no todos los menores lograron completar el trayecto hasta Chile. Al menos seis niños habrían permanecido en centros de acogida en República Dominicana, algunos durante varios meses, sin lograr reunirse inmediatamente con sus familiares.
Guzmán Mejía ya había llamado la atención de las autoridades en octubre de 2024, cuando, según los antecedentes incorporados a la investigación, fue interceptado en República Dominicana mientras se encontraba acompañado de menores haitianos.
Investigan posibles vínculos con información migratoria
El abogado posee residencia definitiva en Chile desde 2016 y llegó a presidir una organización vinculada a migrantes. Además, habría tenido acceso en 2018 a la base de datos estatal B3000 del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Este último elemento también forma parte de las pesquisas, ya que los investigadores buscan determinar si dicho acceso pudo haber sido utilizado posteriormente para identificar o contactar a familias migrantes en situación de vulnerabilidad.
El caso continúa bajo investigación de las autoridades chilenas y los señalamientos contra Guzmán Mejía deberán ser determinados mediante el correspondiente proceso judicial.
